La Alcaldía de Santo Domingo Este, bajo la gestión de Dío Astacio, ha sido señalada por su aparente desprecio hacia la prensa local, al concentrar la mayor parte de su presupuesto publicitario en medios externos a la demarcación, marginando a los comunicadores y medios del municipio. Esta práctica no solo priva a los periodistas locales de oportunidades económicas, sino que también incumple la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que obliga a las alcaldías a priorizar el gasto público en actividades que promuevan el desarrollo económico y social de sus comunidades. El secretismo que rodea la gestión, con medidas como la confiscación de celulares en reuniones con el alcalde y la exclusión de la prensa de encuentros oficiales, refuerza la percepción de una administración opaca que actúa en contra de los intereses de sus ciudadanos.
La Ley No. 176-07, en su artículo 21, establece que los ayuntamientos deben gestionar los recursos públicos para fomentar el bienestar de sus munícipes, promoviendo el desarrollo local en áreas como la economía, la cultura y los servicios. Esto incluye priorizar a los actores locales, como los medios de comunicación del municipio, en la asignación de recursos publicitarios, ya que estos cumplen un rol esencial en la difusión de información relevante para la comunidad. Sin embargo, la Alcaldía de Santo Domingo Este parece ignorar esta obligación al destinar los fondos de publicidad a medios foráneos, dejando de lado a los periodistas y comunicadores locales que luchan por mantenerse a flote. Esta decisión no solo debilita la economía del municipio, sino que también refuerza la percepción de una gestión que desatiende sus responsabilidades legales y éticas hacia los munícipes.
El desprecio a la prensa local se agrava con prácticas que proyectan un hermetismo preocupante. La confiscación de celulares antes de las reuniones con el alcalde, como si se tratara de un acto clandestino en lugar de un encuentro institucional, y la prohibición de cobertura periodística en estas actividades generan preguntas inquietantes: ¿qué se oculta en estas reuniones? ¿Por qué se margina a la prensa local mientras se favorece a medios externos? Este secretismo alimenta las sospechas de que la Alcaldía podría estar encubriendo decisiones o acuerdos que no resistirían el escrutinio público.
El contexto de la gestión de Astacio no hace más que profundizar la percepción de desorden y corrupción. Las denuncias de cobros ilegales a motociclistas, secuestro de vehículos con pagos irregulares, abandono de un sistema de cobro centralizado, macuteos, precios exorbitantes en servicios funerarios, proliferación de furgones pestilentes en calles, aceras y parques, y reductores de velocidad mal colocados han consolidado una imagen de caos institucional. La profecía del exalcalde Manuel Jiménez —“el desorden puede comenzar ahorita, pero tiene que esperar que yo me vaya”— parece cumplirse en un municipio donde la falta de personal capacitado y las bajas recaudaciones oficiales agravan la crisis.
Al priorizar medios externos en la asignación de publicidad, la Alcaldía de Santo Domingo Este no solo incumple la Ley No. 176-07, que exige que los recursos se destinen al desarrollo del municipio, sino que también traiciona la confianza de los ciudadanos que esperan una gestión comprometida con sus necesidades. La exclusión de la prensa local, combinada con el secretismo y las prácticas cuestionables, refuerza la percepción de una administración que opera en las sombras, alejada de los principios de transparencia y servicio público. Los munícipes merecen saber por qué sus recursos se destinan fuera de la demarcación y qué se esconde tras las puertas cerradas de la Alcaldía. Mientras estas preguntas sigan sin respuesta, la imagen de una gestión que desprecia a su prensa y a su pueblo solo se fortalecerá.
